Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, confirmó a la radio Universo 970 – Nación Media que ayer martes decidieron iniciar un análisis del sistema de seguimiento del cumplimiento del contrato que firmó la previsional con la empresa de Alberto “Pulpo” Palumbo, amigo cercano del vicepresidente Hugo Velázquez.

Explicó que dicho sistema de seguimiento consiste en la publicación en el portal de Contrataciones de toda la documentación que acredite que la empresa que fue adjudicada está cumpliendo con el contrato.

Este es el primer paso en la investigación, ya que no necesariamente lo que esté escrito en un documento se refleje en la práctica. “Es el primer elemento a analizar. Se busca determinar si fueron cargados los documentos que demuestren el cumplimiento de contrato, específicamente en el caso de limpieza de los baños del IPS”, agregó.

El siguiente paso será realizar la verificación contractual in situ, de modo a corroborar si se está cumpliendo con el servicio contratado, de acuerdo con Seitz.

Si bien solo se está analizando uno de los tantos contratos que tiene la empresa de Palumbo con el Estado paraguayo, el titular de la DNCP aclaró que dependiendo de los resultados que vayan obteniendo se puede ir extendiendo a los demás casos.

“Cuando se detecta un incumplimiento del contrato, no solo se sanciona al proveedor, sino también se pide a la institución pública una mejora en su control. Si eventualmente al IPS se le pasó la eliminación de las empresas para el mismo lote, eso se verificará ahora. No hay mucho que se puede hacer con una empresa que gana muchas licitaciones. El análisis hay que hacerlo de manera más puntual”, indicó además.

Parte del PBC en el que se establece la cantidad de empleados que Palumbo debe proveer y que no se ven en IPS.

EL PULPO AMIGO

Alberto Palumbo a través de su empresa Poti SA y la firma que lleva su propio nombre es un contratista favorito del IPS que, en el rubro de la limpieza, le favoreció con adjudicaciones por G. 94.000 millones en los últimos cuatro años. Coincidentemente, en medio de una poderosa amistad Hugo Velázquez, vicepresidente de la República.

Con su empresa Estructura Ingeniería SA (EISA) fue beneficiado con G. 614.000 millones solo en este gobierno. Y llama la atención que, en este tiempo eminentemente electoral, el “pulpo” Palumbo firmó un contrato con Petropar para la construcción de una molienda de caña de azúcar por G. 195.299.249.040, incluso cuando esta tuvo la propuesta más cara, que incluso superaba 12% al precio de referencia.

MÁS BAÑOS CLAUSURADOS

LA NACIÓN publicó las condiciones en las que se encuentran los sanitarios del Hospital Central, sin puertas, sin insumos de higiene y algunos de ellos, clausurados. Volvimos a realizar un recorrido esta mañana y constatamos que los sanitarios siguen inhabilitados por supuestas mejoras, e incluso, clausuraron otros más. En total, 5 baños se encuentran en desuso.

Esta lamentable situación se suma al calvario por el que pasan día a día los miles de asegurados del IPS, de quienes recibimos mensajes denunciando lo que claramente está en las fotografías: los baños nunca están limpios. Asegurados denunciaron que por las noches incluso se encuentra todo tipo insectos como alacranes y arañas.

En este sentido la Ley Nº 6789, “cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público a infractores del la ley”.

Artículo 1°.- Esta Ley tiene por objeto establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplan con las leyes vigentes.

Artículo 2°.- Las empresas del transporte público, adjudicadas con contratos y licencias de transporte público que sean cesadas por las causales descriptas en esta Ley, no tendrán derecho a solicitar reembolso ni indemnizaciones de cualquier tipo por las sanciones administrativas que conlleve el incumplimiento de los presupuestos. A ese efecto las causales establecidas en esta Ley pasan a incorporarse a los términos de las concesiones de pleno derecho.

Artículo 3°.- Están sujetos a esta Ley todas las empresas del transporte público que fueron adjudicadas y cumplen con sus itinerarios en zonas y áreas metropolitanas en el país.

Artículo 4°.- Establecer las causales, faltas y sanciones aplicables a los infractores, según la siguiente clasificación:

a) La empresa que deje de prestar unilateralmente sus servicios acordados en la concesión en forma regular y no lo regularice en un período de 24 (veinticuatro) horas de intimada por la autoridad competente, será cancelada y perderá su licencia y su itinerario de pleno derecho, debiendo ser dictada la resolución pertinente inmediatamente cumplido el plazo previsto. En este caso, el itinerario volverá a ser licitado. En caso de reincidencia con otras adjudicaciones de la misma empresa en un período de 1 (un) año, serán aplicables las máximas sanciones administrativas, a más de las previstas en el inciso b) de este artículo.

b) La empresa que cometa la causal y falta prevista en el inciso a) de este artículo, durante un período de emergencia nacional, departamental o municipal, sea de naturaleza sanitaria u otra declarada por autoridad competente en el área donde presta servicios, además de cancelarse su licencia y su itinerario, tendrá prohibido participar de licitaciones en licencia o itinerario de transporte público por un plazo de 10 (diez) años. Esta sanción incluye a los directivos de las empresas o sociedades que no podrán participar bajo nuevas sociedades.

c) La empresa que no cuente en sus buses con elevadores o rampas de acceso para personas con incapacidad física, cuanto menos en un 50% (cincuenta por ciento) de su flota no tendrá derecho a percibir algún tipo de subsidio por parte del Estado. Se establece un plazo de 180 (ciento ochenta) días para que las empresas adecuen sus buses a las exigencias de este inciso.

Artículo 5°.- En caso que los directivos, accionistas o representantes legales o gremiales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos y cualquier ciudadano podrá denunciar estos hechos por cualquier medio a los órganos de persecución penal del Estado.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo por medio del Viceministerio de Transporte deberá controlar la estricta aplicación de esta Ley.

Artículo 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los quince días del mes de junio del año dos mil veintiuno, quedando sancionado el mismo por la Honorable Cámara de Diputados, a veintiún días del mes de julio del año dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 2) de la Constitución Nacional.

El denunciante, César Cantero, propietario del hotel Imperio de Asunción, señaló que Gamarra estuvo alojado tres meses en su local, que tomó préstamo de él y de su empleado, para después retirarse sin avisar y sin pagar su cuenta.

“La denuncia la presenté (esta semana) ante la Fiscalía. Al parecer lo echaron de su casa y vino a alojarse en el hotel. Incluso prestó plata de mí y de mi empleado, a quien quedó adeudándole también cinco millones de guaraníes. La deuda conmigo es por 14 millones de guaraníes”, expresó Cantero en comunicación con la emisora Ñandutí AM.

Te puede interesar: Cocaína a España: cayeron uno de Dinac y un abogado, y el caso salpica a senador liberal

El denunciante remarcó que tiene documentos, mensajes de audio y de texto, que avalan la existencia de la deuda y de la falta de pago.

Cantero sostuvo que en los últimos días en que Gamarra estuvo en el hotel, llegó su pareja, y después se produjo el retiro del denunciado. “Cuando luego yo le llamé y mandé mensaje a Gamarra para que me pague, me atendió su mujer, quien después de manera insólita presentó una denuncia en mi contra por violencia contra la mujer, una acusación absurda, porque lo que hice fue reclamarle que me paguen”, manifestó.

Te puede interesar: Duele decirlo pero hay que decirlo, dicen en Fiscalía: escribana planeó matar a sus hijos

La agente fiscal Laura Finestra representó al Ministerio Público en el juicio oral que derivó en la condena de 13 años de cárcel para un hombre que fue hallado culpable y responsable de la comisión del ilícito de abuso sexual de una niña de 11 años, nieta de su expareja.

El informe fiscal refiere que el hecho ocurrió en Asunción. La causa fue iniciada tras la denuncia realizada por las maestras que notaron un comportamiento extraño en la niña.

Tras una compleja investigación se pudo demostrar en el juicio oral, desarrollado en seis jornadas en las que se pudo comprobar, que la conducta del hombre se encuadra en lo dispuesto en el Art. 135, inc. 1° y 2° del Código Penal.